Ha venido sintiéndose una frontera política entre regiones y Estado-Nación, que urge de una armónica coexistencia.
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La constitución de 1991, nos convocó a pensar en un estado moderno, con una estructura sólida, descentralizada con autonomía y competencias de los entes territoriales e instituciones, dándole una alta valoración a la unidad política, para mantener cohesionada a las regiones con el conjunto del Estado-Nación, para la legitimación de las políticas públicas y una planeación más acorde, dado el entramado complejo en que se han desarrollado, para un Estado más eficaz, y más cercano a las regiones, pese a que la apuesta del constituyente, fue el de tener normas orgánicas, camino a alcanzar entes territoriales organizados y fuertes en la autonomía y en las competencias, hoy con muchos vacíos.
El conflicto social del sector minero en nuestro país, tiene paradojas donde el modelo de Estado/Nación ante el contexto de la población tiene orificios territorialmente, un código de minas (ley 685 de 2001) que, ante el conflicto social en crecimiento, una economía en crisis, que demandan de una gobernanza minera de restauración social.
Una institucionalidad independientemente que funcione desde el epicentro de la capital, requiere de un modelo de gestión que se articule con más fuerza con la toma de decisiones compartidas. La unidad política que perfila la Constitución Nacional ha sido escasa.
No es válido afirmar que ha existido un confinamiento geográfico, para justificar una lejanía, lo que merece es un esclarecimiento, para hacer que los recursos se ejecuten con efectividad; se requieren de cambios de reglas sobre una agenda que descentralice la funcionalidad de la gestión minero-energética.
Debemos conocer de los próximos candidatos a la Presidencia de la República, como sería un modelo descentralizador, bajo el argumento que los actores mineros y entes territoriales necesitan de un protagonismo ante el sistema de regalías, para que les proporcione en proyectos la ciencia y la tecnología, cuando son las regiones mineras las que le aportan gruesos recursos en regalías al Estado.
Urgen acciones sobre la ruralidad minera, que se interpreta en la ley 70 de 1993 sobre reconocimiento a las comunidades negras en la ocupación de áreas del territorio, del derecho a la propiedad colectiva, uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, derechos a los recursos mineros, desafíos que no se han alcanzado.
Preocupa en lo profundo que, con los efectos del centralismo, sigamos viendo a las regiones mineras como una caja llena de minerales y metales preciosos, cuando los mineros de subsistencia viven en condiciones de extrema pobreza.
Qué cambios en la era poscovid para una gobernanza renovada minera-energética ¿tiene pensado el próximo presidente? ¿Cómo obtener el acercamiento de una gobernanza ambiental que sea articulada con la gobernanza energética y minera? Ha venido sintiéndose una frontera política entre regiones y Estado-Nación, que urge de una armónica coexistencia.
