La norma que limita el valor de la energía comprada en bolsa que se puede trasladar a los consumidores podría exacerbar las dificultades financieras.
XXVIII Congreso de Energía de la MEM
En el marco del congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, y Martha Aguilar, directora de la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía, advirtieron por el riesgo que puede generar un componente que podría llevar al sector a acumular más saldos por cobrar.
Esto, en adición a lo mismo que ha sucedido con la opción tarifaria, esquema que permite diferir parte de las alzas en tarifas, dejando un valor para cobrar de forma posterior, medida que se utilizó durante la pandemia para evitar que los precios de la energía subieran afectando a los consumidores. Sin embargo, los picos inflacionarios después no permitieron recuperar estos montos.
Aguilar explicó que la acumulación del llamado componente AJ podría llevar a los comercializadores a enfrentar dificultades de caja. Este, según la Resolución 0119 de la Creg, es el factor de ajuste que se aplica al costo máximo de compra de energía del comercializador.
XXVIII Congreso de Energía de la MEM
Cortesía MEM
Manzur explicó que la situación se traduce en que el precio de compra en bolsa frente al promedio de lo contratado solo puede ser trasladado hasta un 30% a los consumidores. Es decir, si el kilovatio en bolsa excede en esta magnitud el promedio no se podrá pasar a la tarifa, sino que queda como un saldo por pasar a los usuarios. Por esto, los expertos dijeron que se debería revisar cómo gestionar este saldo, para evitar que los comercializadores sigan recibiendo los impactos financieros.
“Aún estamos analizando la magnitud de este impacto, pero vemos que puede exacerbar aún más los problemas financieros”, aseguró Manzur.
Cabe resaltar que las asociaciones han advertido que las dificultades por los retrasos en el pago de subsidios por parte de la Nación, los saldos de opción tarifaria y la cartera vencida del Gobierno y personas protegidas constitucionalmente significan que las compañías tienen un saldo por $5 billones, el cual podría cerrar el año en $7 billones.
Por este motivo, Manzur alertó por las dificultades adicionales que puede generar este componente en las empresas.
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