Gremios del sector de la infraestructura advirtieron que el fallo de la contraloría general de la república erosionaría la confianza inversionista
Después de que la Contraloría General de la República (CGR) responsabilizara a través de un fallo a 17 personas naturales y nueve empresas con $4,3 billones por el proyecto de Hidroituango, varios gremios del sector de infraestructura cuestionaron la decisión y señalaron que puede afectar la seguridad energética.
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) señaló que una de las consecuencias del fallo es afectar la reputación y estabilidad financiera de los señalados, al igual que se puede perder confianza por parte de inversionistas del sector. SAI aseguró que “en este momento no es posible medir las consecuencias financieras, pero ellas pueden ser devastadoras”.
Para Alberto Zuleta, socio de Holland & Knight Colombia, aseguró que la Contraloría está destruyendo el tejido empresarial del país, y el impacto del fallo en las inversiones sería tal que "ningún inversionista sensato, que se tome el trabajo de averiguar cómo funciona el control fiscal en el país participaría en un proyecto estatal en Colombia".
Entre otros factores, la sociedad dijo que se desconoció la trayectoria de los investigados, no se tuvo en cuenta los criterios técnicos de los creadores del proyecto y no valoró que la contingencia de 2018 no fue consecuencia de la mala fe, por lo que además la aseguradora ya asumió responsabilidad.
Dirigiéndose al contralor general, Felipe Córdoba Larrarte, SAI concluyó que estas observaciones podrían ser de utilidad para el ente de control ya que surgen de la preocupación genuina por la terminación del proyecto y que se garantice responder a la demanda de energía a largo plazo.
LOS CONTRASTES
Alberto Zuleta LondoñoSocio de Holland & Knight
“La Contraloría hace años se desvió de su función constitucional. Condena a todo el que participe en un proyecto que se considere que causó un detrimento del patrimonio público”.
Jairo Espejo MolanoMiembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros
“Nosotros como cuerpo consultor del gobierno nacional desde el punto de vista técnico nos interesa que las cosas se hagan bien; dejen terminar el proyecto porque si no la consecuencia para el país puede ser funesta”
Para la CCI, en el fallo se debe considerar que los plazos y los costos, no son necesariamente “la causa de un supuesto detrimento patrimonial” y hace énfasis en que Hidroituango producirá 20% de la energía nacional, pero esto se vería retrasado en caso de ser necesario cambiar de contratista. “EPM se vería forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas, con el músculo para finalizar la ejecución de la megaobra, situación que puede tomar meses e incluso años”, dijo la CCI.
Finalmente, Jairo Espejo, director de infraestructura de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) dijo que es importante realizar las investigaciones, pero ahora cuando no está en funcionamiento la hidroeléctrica, el fallo resulta inoportuno.
Ya que desde su perspectiva “los señalados no pueden centrar los esfuerzos colectivos en defenderse y no en terminar el proyecto, pues de ser así el proyecto quedaría paralizado, lo que afectaría la seguridad energética nacional. Por lo que los esfuerzos colectivos se deberían concentrar en el fin último que es lograr que el país tenga esta fuente de suministro de energía”.
Gráfico LR
Ante los diversos comentarios que se desató con el fallo, el vicecontralor general Julián Ruiz reiteró que se cumplió con todos los requisitos técnicos y procesales para emitirlo.
Y sobre la descalificación del fallo por un supuesto trasfondo político, dijo que la CGR " es una entidad de carácter eminentemente técnico, no tiene ningún fundamento el que diga que es fallo tiene origen político, es decir este es un fallo con unas pruebas técnicas allegadas, tiene todo el ejercicio de contradicción por parte de los 26 sujetos involucrados y hoy declarados responsables fiscales".
Pero para Mauricio Pava, socio de MPA abogados y uno de los apoderados en el caso, la Contraloría no le ha dado las condiciones necesarias a los procesados para que se puedan defender, por lo que "hubo necesidad de llevar esto a un juez de tutela para que interviniera y amparara los derechos de quienes están siendo investigados en caso de Hidroituango", afirmó Pava, lo que tuvo como resultado que un juez ordenara suspender el termino del fallo.
Hecho que el precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció en sus redes sociales, ya que es una de las personas que la contraloría catalogó como responsable fiscal.
